En un giro inesperado en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida en días anteriores por tráfico de influencias, una resolución emitida por una jueza federal estableció un plazo de 24 horas para que un juez del fuero común del estado de Veracruz ordenara su liberación.
Como resultado de esta resolución, los agentes policiales que habían estado resguardando su domicilio procedieron a retirarse, confirmaron fuentes cercanas a la familia de la jueza.
La situación legal de la jueza Sánchez Hernández atrajo la atención pública cuando fue detenida en la Ciudad de México en circunstancias que generaron controversia.
La resolución de la jueza federal, que ordenó su liberación en un lapso de 24 horas, arrojó nueva luz sobre el caso y desencadenó una serie de eventos que finalmente llevaron a la retirada de los policías que custodiaban su hogar.
La resolución de la jueza federal alegó posibles irregularidades en el proceso de detención y cuestionó la legalidad de la misma. Esta decisión no solo resalta el escrutinio de los procedimientos legales seguidos en el caso, sino que también ha generado preguntas sobre la independencia del poder judicial en Veracruz.
La jueza Angélica Sánchez Hernández, quien hasta su detención se desempeñaba en el ámbito judicial, se ha mantenido en silencio desde su liberación y aún no ha hecho ninguna declaración pública.
Mientras tanto, su caso continúa siendo objeto de debate en círculos legales y públicos, ya que pone de manifiesto la importancia de salvaguardar el estado de derecho y la imparcialidad en el sistema de justicia.
A medida que se desarrolla esta historia en evolución, queda por ver cómo impactará en la percepción del sistema de justicia y en la discusión en torno a los derechos individuales y el debido proceso en Veracruz y en todo México.