Jair Velazquez
La Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas ha logrado una sentencia condenatoria en un caso de feminicidio que conmocionó a la comunidad. El tribunal de enjuiciamiento dictó una pena de 31 años y tres meses de prisión para una persona identificada con las iniciales G. E. Z. C., por su responsabilidad en el asesinato de G. P. R., quien reportaron como desaparecida en el año 2021.
La víctima, G. P. R., fue objeto de una intensa búsqueda por parte de colectivos de mujeres y activistas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Su caso se destacó en la atención pública debido a la creciente preocupación por la violencia de género en el país. Lamentablemente, el 17 de marzo de 2023, sus restos los localizaron sin vida en Mixquiahuala de Juárez, marcando un trágico desenlace a la larga búsqueda.
Proceso judicial por feminicidio
A partir del hallazgo del cuerpo, la representación social inició una serie de investigaciones y logró reunir datos de prueba que identificaron al probable responsable. Con base en esta evidencia, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, la cual la otorgó un juez de control el 24 de noviembre de 2022.
Días después, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lograron aprehender a G. E. Z. C. en Chimalhuacán, Estado de México. Una vez presentado ante la autoridad judicial, se realizó la audiencia inicial en la que se le vinculó a proceso por feminicidio y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El caso avanzó a través de las diferentes etapas del proceso penal, y el 9 de octubre de 2024, el Ministerio Público obtuvo finalmente la sentencia condenatoria. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso a G. E. Z. C. un pago económico por concepto de reparación del daño, aunque el monto no ha sido especificado en los informes.
Impacto social y legal
Este caso resalta la importancia de la lucha contra la violencia de género y el compromiso de las autoridades para llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos. La condena de G. E. Z. C. representa un avance significativo en la respuesta judicial frente a los feminicidios en el país y busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de este tipo de crímenes.
Los colectivos de mujeres y activistas que habían estado buscando a G. P. R. desde su desaparición han expresado su satisfacción por la resolución del caso de feminicidio, aunque también enfatizan que aún queda mucho por hacer para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de todas las mujeres.
