Jair Velazquez
El proceso legal continúa en torno a las 120 personas detenidas el pasado lunes 23 de septiembre, durante los hechos violentos ocurridos en la cementera Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo. La situación ha generado preocupación y un aumento de las medidas de seguridad en la región.
De manera extraoficial, se ha indicado que solo cuatro de los presuntos implicados quedarán a disposición de un juez, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha confirmado la programación de una audiencia inicial para este jueves a las 11 de la mañana. A estos individuos los señalan por presuntas infracciones que incluyen posesión de arma de fuego, ultrajes a la autoridad y posesión de sustancias ilegales.
Además, la PGJEH informó que 17 menores de edad detenidos en el operativo han sido reintegrados a sus redes familiares, todo ello bajo el debido proceso. Sin embargo, la situación legal de los 99 detenidos restantes no la acalararon, generando incertidumbre entre sus familias y la comunidad.
El conflicto que llevó a estas detenciones se enmarca en una disputa histórica entre cooperativistas de la cementera, que son objeto de tensiones y enfrentamientos en los últimos años. Según informes del gabinete de seguridad de Hidalgo, el lunes por la mañana, alrededor de 300 personas provenientes del Estado de México llegaron a la cementera armados con palos y machetes, aparentemente con la intención de tomar la planta. Este intento de toma de la planta se suma a incidentes previos, incluido uno que ocurrió hace dos años, el cual resultó en ocho personas muertas y varias más heridas.
La violencia en la cementera Cruz Azul también ha tenido un impacto en la comunidad local, causando la suspensión de clases en diversas escuelas y la interrupción del servicio de transporte en la zona. Las autoridades locales han implementado medidas adicionales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se repitan incidentes de esta magnitud.
