Jair Velazquez
La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza, del partido Morena, aseguró que el análisis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende realizar a la Reforma Judicial no genera presión en el Congreso de Hidalgo para apresurar la homologación de la Constitución Política del Estado con las reformas federales. La legisladora subrayó que los trabajos de adecuación del marco normativo estatal se realizarán conforme a derecho y con un análisis profundo.
En entrevista, Delgado Mendoza explicó que, a nivel estatal, no existe ningún fundamento jurídico que obligue a los ministros de la SCJN a aceptar solicitudes de análisis sobre reformas (Reforma Judicial) que ya están publicadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, reiteró que no hay presión sobre los legisladores locales para acelerar la adecuación de la legislación estatal a las reformas impulsadas por los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) en el ámbito federal.
“No queremos sacarla de manera apresurada, pero se está trabajando en ella. Será conforme a los tiempos, se está analizando y deberá considerarse a las diferentes bancadas partidistas”, indicó la diputada.
Asimismo, Delgado Mendoza mencionó que no descarta la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo Estatal, el gobernador Julio Menchaca, presente alguna propuesta similar en este tiempo, la cual sería analizada y considerada junto con el resto de las iniciativas ya presentadas. “Se deberá tomar en cuenta el contexto y necesidades del estado para ajustar cualquier propuesta legislativa”, añadió.
Adelantó que el próximo viernes, los legisladores de Morena podrían sostener una reunión para determinar la ruta de trabajo en torno a estas iniciativas, que ya se encuentran en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Este encuentro sería clave para avanzar en los análisis pertinentes y buscar consensos entre las diversas fuerzas políticas del Congreso local.
Sin embargo, la diputada reiteró que la acción que pretende llevar a cabo la Suprema Corte no es jurídicamente válida, calificándola como un abuso de autoridad. “No tienen la facultad, no hay sustento jurídico… se deberá responder jurídicamente”, enfatizó.
Este proceso legislativo tiene como objetivo alinear las normativas de Hidalgo con las reformas judiciales aprobadas a nivel federal, pero los legisladores aseguran que este trabajo debe realizarse sin prisas y con base en un estudio riguroso que tome en cuenta las características particulares del estado.
