El Congreso del Estado de Hidalgo se ha alineado con la aprobación de las reformas, adecuaciones y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfocándose en dos temas cruciales: la Guardia Nacional y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Estas reformas buscan consolidar un marco jurídico que reconozca y proteja a estos grupos, así como fortalecer la seguridad pública en el país.
Aprobación por Parte del Congreso
Los decretos enviados por el Senado de la República han sido previamente aprobados por diversos estados, entre ellos Oaxaca, Morelos, Campeche, Durango, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas, Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California, Yucatán y Colima. La primera reforma aprobada fue unánimemente en el artículo 2 de la Constitución, que se centra en los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Reconocimiento de Derechos de Pueblos Indígenas
Las reformas al artículo 2 establecen que estos pueblos y comunidades serán reconocidos como sujetos de derecho público, lo que incluye:
- Reconocimiento de sus sistemas normativos.
- Obligación de consulta libre, previa e informada.
- Protección del patrimonio cultural, lenguas indígenas y educación.
- Reconocimiento de la salud y medicina tradicional.
- Acceso a medios de comunicación.
- Protección a los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
- Reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas.
Este avance representa un paso significativo hacia la inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de México.
Reformas a la Guardia Nacional
Posteriormente, el Congreso aprobó por mayoría el dictamen que reformará y agregará artículos a la Constitución en materia de Guardia Nacional. Esta reforma contó con la oposición de los legisladores de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano.
Las adecuaciones buscan:
- Fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la seguridad pública y la paz social.
- Reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza armada de carácter permanente en apoyo a la seguridad pública.
- Establecer que los elementos de la Guardia Nacional estarán sujetos al fuero militar en caso de violaciones en este ámbito.
- Implementar una separación de seis meses antes de aspirar a un cargo de elección popular, garantizando que los elementos cuenten con los mismos derechos laborales que las Fuerzas Armadas.