FGR asegura armas y toma clandestina de hidrocarburos en Tula, Hidalgo

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó recientemente un operativo, en Tula, Hidalgo, donde se aseguraron armas, combustible y equipos utilizados en una toma clandestina de hidrocarburos. Esta intervención se realizó por una denuncia anónima que alertó sobre actividades ilegales en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan. Durante el cateo, se confiscaron tres armas de fuego artesanales, 320 litros de hidrocarburo, 84 contenedores y otros materiales. El operativo contó con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y Protección Civil.

Operativo éxito en contra el robo de hidrocarburos en Hidalgo por parte de la FGR

El operativo fue realizado por parte de agentes del Ministerio Público Federal, en coordinación con la Policía Ministerial y el Centro Federal Pericial Forense. En el lugar, se aseguró una camioneta, dos cámaras de vigilancia, cuatro cartuchos, 19 casquillos y 16 mangueras, entre otros objetos. La comunidad de Santa Ana Ahuehuepan fue identificada como un punto con alta incidencia en el delito de extracción ilegal de hidrocarburos. Los materiales decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Además del operativo contra la toma clandestina, Hidalgo enfrenta otros desafíos de seguridad. Un ataque armado ocurrido ayer en Tula dejó dos personas muertas después de que un vehículo compacto fuera baleado y chocara contra un árbol.

Tula y sus alrededores fueron identificados como zonas críticas para el robo de hidrocarburos, un delito que genera pérdidas millonarias y pone en riesgo la seguridad de las comunidades. La FGR ha intensificado sus operativos en la región, pero la violencia y la delincuencia organizada siguen siendo desafíos importantes. Este operativo es un paso más en la lucha contra estas actividades ilegales, pero se requiere un esfuerzo continuo para erradicar el problema.

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El operativo en Tula forma parte de los esfuerzos de la FGR para combatir el robo de hidrocarburos, un delito que afecta gravemente a la economía y la seguridad del país. La colaboración entre la Guardia Nacional, el Ejército y Protección Civil fue clave para garantizar el éxito de la intervención. Las autoridades continúan investigando para identificar y detener a los responsables de estas actividades ilegales.

 

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