Abigail Santos
Mandos militares y navales lideran las secretarías de seguridad en 15 estados del país. En el último año, 11 gobernadores han cambiado a sus titulares de Seguridad Pública, optando por designar a seis militares o marinos y solo a cinco civiles.
El caso más reciente se dio en Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destituyó al general José Alfredo Ortega tras una protesta de la Guardia Civil, quienes exigían mejores condiciones laborales. El puesto fue otorgado a Juan Carlos Oseguera Cortés, ex subsecretario de Gobierno, con experiencia en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario bajo el gobierno de Silvano Aureoles.
En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez aceptó la renuncia de su jefe de seguridad estatal, Andrés Andrade, y nombró en su lugar al militar Cristóbal Castañeda. Este cambio forma parte de una tendencia creciente de nombrar a personal militar en roles de seguridad pública.
En septiembre de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un estudio que indicaba que 14 entidades federativas tenían a mandos de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas. Este fenómeno ha generado debate sobre la militarización de la seguridad pública y sus implicaciones.
Análisis y Reacciones sobre los mandos militares y navales
La designación de militares y navales en puestos de seguridad pública ha sido un tema polémico. Por un lado, algunos argumentan que los elementos de las Fuerzas Armadas traen disciplina y experiencia en operaciones de seguridad. Sin embargo, críticos señalan que la militarización puede llevar a enfoques más duros y menos enfocados en la protección de derechos civiles.
En Michoacán, la destitución del general Ortega se dio en medio de tensiones laborales con la Guardia Civil, subrayando la complejidad de la situación de seguridad en el estado. La llegada de Juan Carlos Oseguera Cortés, un político con una trayectoria diversa, marca un cambio significativo en la estrategia de seguridad del gobierno local.
La tendencia de nombrar a militares y navales en secretarías de seguridad refleja una estrategia más amplia del gobierno federal y de varios estados para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Esta práctica ha sido reforzada por la percepción de que las instituciones civiles de seguridad a menudo carecen de la capacidad y recursos para enfrentar estos desafíos por sí solas.
