Jair Velazquez
El jueves, la reforma constitucional que propone la transferencia de la Guardia Nacional al control del Ejército avanzó en la Cámara de Diputados de México, respaldada por la mayoría de dos tercios que ostenta el partido gobernante Morena y sus aliados. Esta iniciativa, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió varias críticas por parte de los partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de una mayor militarización de la seguridad pública en el país.
El texto se aprobó en lo general, mientras el debate sobre los detalles de la iniciativa continuaba, aunque se prevé que la mayoría oficialista dejará la reforma aprobada en su totalidad en las próximas horas. Luego, el proyecto lo pasaran al Senado para su discusión final.
La propuesta busca trasladar el control de la Guardia Nacional (creada en 2019 bajo la administración de López Obrador para combatir la violencia) del mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Ejército. En la reforma también se contempla que el personal de la Guardia Nacional, compuesto mayoritariamente por militares, mantenga funciones de investigación penal en coordinación con el Ministerio Público. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 80% de los 130,000 integrantes de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas.
Controversias y críticas
Desde el anuncio de esta reforma, múltiples organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado su preocupación. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Congreso a detener la aprobación de la iniciativa. Jesús Peña Palacios, representante adjunto del organismo, destacó que la reforma profundiza “un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública” y pidió que el debate legislativo se reoriente para priorizar un paradigma civil en este ámbito.
Las críticas también han surgido desde los partidos de oposición, que advierten que esta medida no resolverá los problemas de violencia en México y podría agravar la militarización de la seguridad pública. Argumentan que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no ha demostrado ser efectivo y han solicitado que se fortalezcan las instituciones civiles.
Implicaciones de la reforma
Una de las disposiciones más discutidas es la que otorga al Ejecutivo la facultad de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública de manera indefinida. Este punto ha generado inquietud entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que extiende la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad, algo que consideran debe limitarse a situaciones excepcionales y temporales.
La reforma también establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el presupuesto y los recursos materiales de la Guardia Nacional, consolidando así el control militar sobre esta institución.
