Hidalgo refuerza la rendición de cuentas. A cinco años de uno de los mayores escándalos financieros que afectaron la hacienda pública estatal, el gobierno encabezado por Julio Menchaca dio un paso decisivo contra la impunidad con la inhabilitación de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, por su participación en el caso del Banco Accendo.
De acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, la exfuncionaria fue sancionada por su intervención en la contratación de servicios financieros con dicha institución bancaria, actualmente en proceso de liquidación judicial, cuya quiebra mantiene congelados alrededor de 863 millones de pesos del erario de Hidalgo.
Caso Banco Accendo: más exfuncionarios sancionados en Hidalgo
La sanción no se limitó a Jessica Blancas. También fueron inhabilitados otros exfuncionarios que participaron en decisiones administrativas que pusieron en riesgo recursos públicos, entre ellos:
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César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos
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Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos
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Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud
Todos ellos estuvieron involucrados en operaciones financieras que expusieron fondos estatales a un riesgo financiero elevado, según las investigaciones oficiales.
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Contraloría de Hidalgo detectó omisiones pese a alertas de la CNBV
Las indagatorias de la Contraloría del Estado de Hidalgo revelaron que, a pesar de las alertas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la delicada situación financiera del Banco Accendo, los exfuncionarios omitieron retirar los recursos públicos, permitiendo que quedaran atrapados en el proceso de liquidación.
Esta omisión fue clave para fincar responsabilidades administrativas y avanzar en las sanciones.
Gobierno de Julio Menchaca marca ruptura con prácticas del pasado
Para la administración de Julio Menchaca, este caso simboliza un quiebre con gobiernos anteriores, donde presuntas irregularidades quedaban sin consecuencias. El actual gobierno de Hidalgo ha reiterado que no habrá encubrimiento ni protección para quienes hayan afectado el patrimonio de las y los hidalguenses.
La Contraloría estatal aclaró que las inhabilitaciones no excluyen posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas adicionales, las cuales podrían determinarse una vez que concluya el proceso de liquidación del banco y se defina el destino final de los recursos públicos.
