Dulce Castillo
Elizabeth Quintanar, titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, se pronunció sobre la situación de uno de sus colaboradores, M. Á.N., subdirector Comunicación Social de Comunicación Social, quien fue vinculado a proceso por fraude procesal.
Este hecho se deriva de una denuncia presentada por E. C. T., ex titular de la dependencia, y ha generado una serie de debates en torno a su continuidad en el cargo.
El incidente se remonta al 8 de marzo, cuando M. Á.N. replicó una publicación en el marco del Día de la Mujer, durante un periodo de veda electoral.
A raíz de esto, la publicación fue retirada y se inició un proceso de investigación.
En una audiencia reciente, se solicitó su destitución, pero la jueza a cargo del caso, Karina Vértiz Marín, decidió que M. Á.N. podría continuar en su puesto mientras se desarrolla el proceso judicial.
Quintanar aclaró que, aunque se han presentado pruebas suficientes para vincular al subdirector a proceso, aún no se ha comprobado su culpabilidad.
“El hecho de estar vinculado a proceso no implica que haya incurrido en un delito comprobado; es un procedimiento para determinar su culpabilidad o inocencia”, comentó la titular
Además, afirmó que no podría prescindir de M. Á.N. debido a la carga laboral que enfrenta el área de comunicación.
La denuncia contra el subdirector se basa en un escrito que este presentó el 14 de marzo al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), en el que acusaba a E. C. T. de ser responsable de una publicación que había generado una inconformidad por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Según la investigación, el documento fue alterado con el fin de inculpar a la ex titular de Turismo, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la vinculación a proceso.
El delito de fraude procesal, según el artículo 323 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, se comete al simular un acto jurídico o alterar elementos de prueba con la intención de perjudicar a alguien o obtener un beneficio indebido.
Las sanciones por este delito oscilan entre uno y siete años de prisión, además de multas que van de 30 a 300 días.
La jueza otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que concluirá en enero de 2025, mientras el subdirector continuará desempeñando sus funciones en la Secretaría de Turismo.
Jair Velazquez
