Jair Velazquez
El diputado local Andrés Velázquez Vázquez presentó una iniciativa para reformar el artículo 322 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el fin de sancionar a las personas servidoras públicas involucradas en la procuración y administración de justicia, como los agentes del Ministerio Público, cuando cometan delitos de omisión o corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Justificación de la reforma
Velázquez Vázquez explicó que la propuesta busca garantizar que aquellos servidores públicos que se encarguen de la procuración de justicia, como ministerios públicos, jueces y magistrados, se les responsabilicé penalmente cuando su omisión o actuación indebida afecté el curso de la justicia, contribuyendo a la impunidad y obstaculizando la correcta administración de los procesos legales.
El legislador subrayó que esta reforma está en línea con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, especialmente con el punto nueve, denominado “Fortalecimiento de la Procuración de Justicia”, que es un pilar fundamental en la administración del gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar. Este plan, dijo, tiene como objetivo erradicar la impunidad en el estado y fortalecer la protección de los procesos judiciales en su conjunto.
Limitaciones actuales del Código Penal de Hidalgo
Actualmente, el artículo 322 del Código Penal de Hidalgo tiene dos limitaciones clave que dificultan la sanción de las personas servidoras públicas que cometen actos de corrupción o negligencia en su labor dentro del ámbito de la justicia:
- Restricción de la responsabilidad: El artículo se limita solo a aquellos servidores públicos que tienen un papel directo en la procuración y administración de justicia, excluyendo a otros actores que, sin ser parte directa de estos procesos, pueden afectar gravemente la integridad de los mismos.
- Dificultad para probar el dolo: La redacción actual del artículo exige probar el dolo (intención de causar daño) desde la etapa inicial del proceso penal, lo cual resulta complicado en muchos casos. Esto limita la capacidad de sancionar a quienes, a pesar de no tener un papel directo en la investigación o juicio de los delitos, omiten o actúen indebidamente, perjudicando el desarrollo del proceso y la impartición de justicia.
Impacto de la propuesta
La reforma propuesta por Velázquez Vázquez pretende ampliar la responsabilidad penal a un mayor número de servidores públicos en el ámbito judicial de Hidalgo. Según el legislador, esta modificación permitiría que se actúe en contra de los servidores públicos que, aunque no tengan una participación directa en el proceso penal, puedan causar daño a la integridad del sistema judicial con su mala actuación o omisión.
La propuesta también buscaría asegurar que las personas servidoras públicas, en especial aquellas encargadas de la procuración de justicia sean responsabilizadas de manera efectiva por cualquier acción que obstaculice el ejercicio de la justicia, desde el inicio de las investigaciones hasta la resolución de los casos.
Dulce Castillo
