Posible Investigación a ‘La Sosa Nostra’ por la FGR

El grupo político hidalguense conocido como ‘La Sosa Nostra’ se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunto dominio sobre la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) por más de 40 años, incluyendo el manejo de sus finanzas, las cuales están bajo la responsabilidad del gobierno de México.

Durante una reciente conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interpelado acerca del control ejercido por esta corriente política, que actualmente se ha alineado con Morena y ha sido señalada por desvíos de recursos y corrupción.

‘La Sosa Nostra’, originaria de la mencionada casa de estudios, ha ejercido una influencia considerable en la vida política de la entidad, a pesar de las acusaciones en su contra que incluyen secuestros, asesinatos y corrupción.

Desde finales de la década de 1970, Sosa Castelán ha mantenido el control sobre la UAEH. Durante este extenso periodo, los estudiantes han protestado en su contra, marcando el inicio de un movimiento que surgió en el Instituto de Artes (IDA) tras una demanda contra María Teresa Paulín Ríos, quien en ese entonces era directora y fue posteriormente removida, además de ser acusada de encubrir presuntos casos de violencia.

Sosa fue protegido por José Antonio Zorrilla Pérez, quien fungió como director Federal de Seguridad de 1982 a 1985.

Se le vincula a Zorrilla Pérez como presunto financiador del porrismo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), proporcionándole armamento y vehículos, aunque investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República no lograron una resolución definitiva en el caso.

Zorrilla Pérez fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, ocurrido el 30 de mayo de 1984.

Respecto a los desvíos de recursos, una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2017 condujo a la detención de Sosa el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México, siendo posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1. Sin embargo, el 3 de febrero de 2022 fue liberado debido a un cambio en las medidas cautelares, motivado por el deterioro de su salud.