El titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Jorge Valverde Islas, reveló que se está investigando un nuevo caso de corrupción relacionado con la llamada “Estafa Siniestra”, que involucra un recurso aproximado de 300 millones de pesos dentro del Poder Ejecutivo Estatal, ocurrido durante la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses.
Valverde Islas explicó que la investigación abarca tres líneas principales, todas relacionadas con la firma de contratos por conceptos administrativos y de obra pública correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Aunque se abstuvo de proporcionar mayores detalles, señaló que las indagatorias están en curso y que, una vez que terminen, las pruebas las entregaran a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que se determine el proceso penal correspondiente.
El titular de la ASEH aclaró que, por el momento, las investigaciones no están dirigidas hacia un funcionario en específico, ya que será la PGJEH la encargada de definir si existe responsabilidad penal por parte de una o varias personas involucradas en estos hechos.
Este nuevo caso se suma a las decenas de investigaciones que actualmente lleva la ASEH. Valverde Islas mencionó que, en el área jurídica de la Auditoría, hay hasta 70 casos bajo análisis, que involucran tanto al Poder Ejecutivo Estatal como a los ayuntamientos de administraciones pasadas. Los procesos se están desahogando paulatinamente, conforme avanzan las revisiones y se reúnen las pruebas pertinentes.
La “Estafa Siniestra” fue uno de los escándalos más graves de presunta corrupción en la administración pública de Hidalgo, y este nuevo hallazgo representa un reto significativo para la ASEH y la Procuraduría, que tendrán la responsabilidad de dar claridad y sancionar cualquier irregularidad que pueda emerger de estas investigaciones.
Este tipo de investigaciones refleja el esfuerzo de las autoridades para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, un tema que sigue siendo prioritario tanto para la actual administración estatal como para los órganos de fiscalización.
