Vinculados a Proceso Funcionarios del SITMAH

Un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) logró obtener de un juez de control un auto de vinculación a proceso para dos personas identificadas como P.E.B.C. y O.M.D. Ambos individuos son investigados por presuntamente incurrir en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, según informó la PGJEH a través de un comunicado de prensa.

Los hechos que se les imputan a P.E.B.C. y O.M.D. datan desde noviembre de 2019, período en el cual ocupaban los roles de titular y concesionario del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH). La investigación reveló que ambos suscribieron de manera ilícita contratos de administración y operación temporal del servicio público de transporte masivo de pasajeros en la red integrada de transporte del corredor uno de la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca, con un monto total de 17 millones 516 mil 880 pesos.

La denuncia de estos hechos desencadenó una exhaustiva investigación por parte de la representación social de la PGJEH. Una vez recopilados los datos de prueba necesarios, el Ministerio Público llevó el caso ante un juez de control, formulando la imputación correspondiente a los probables responsables.

En audiencias por separado, los jueces determinaron dictar los autos de vinculación a proceso para ambas personas, señalando los delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas con particulares.

Como medidas cautelares, se impuso a los imputados la firma periódica mensual, la prohibición de acercarse al SITMAH, la prohibición de salir del país, sometimiento a vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y la prohibición de acercarse a trabajadores del SITMAH, así como a testigos del caso.

Al concluir la audiencia, la autoridad judicial otorgó plazos de cuatro y tres meses, respectivamente, para el cierre de las investigaciones complementarias. Este caso pone de manifiesto la firme postura de las autoridades estatales en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de funciones públicas, buscando garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de los cargos públicos.