Jair Velazquez
La intolerancia religiosa ha obligado a alrededor de 40 familias a abandonar sus hogares en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla, Hidalgo. Esta situación, que revela una realidad más común de lo que se cree, afecta a miles de familias en México y plantea serias cuestiones sobre la libertad de credo y la cohesión social en comunidades indígenas.
La situación en Huejutla ha puesto de manifiesto el creciente conflicto religioso en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de católicos en México ha disminuido en la última década, mientras que ha aumentado el número de protestantes y personas sin religión. Este cambio ha provocado fricciones en comunidades indígenas, donde la intolerancia hacia las creencias diferentes ha escalado.
Rogelio Hernández, pastor de una iglesia Bautista, explicó: “Nosotros estamos aquí por el debido de intolerancia religiosa”. Esta declaración subraya la razón principal detrás del desplazamiento forzado de las familias afectadas.
Hostigamiento y expulsión en Huejutla
Las familias desplazadas de Coamila y Rancho Nuevo aseguran haber sido sometidas a un hostigamiento constante antes de su expulsión. De acuerdo con los testimonios, sus tierras fueron despojadas, sus templos y casas allanadas, y finalmente fueron acusados de no cooperar con las labores comunitarias. Juan Nicolás Solórzano, uno de los afectados, comentó: “Nos borraron de la lista de faeneros y de ahí ellos se agarraron para argumentar que nosotros somos desobedientes y no queremos colaborar ni con faenas o cooperaciones”.
A pesar de las denuncias, las autoridades locales en Huejutla aseguran que la expulsión no está relacionada con temas religiosos. No obstante, no han proporcionado detalles adicionales sobre la situación.
Exigencias económicas para el retorno
Testigos de la crisis han revelado que se les exige a los líderes de las familias desplazadas una multa de 100 mil pesos, además de 70 mil pesos adicionales, para permitir el regreso de las 40 familias a sus hogares. Este tipo de exigencias agrava aún más la difícil situación de los afectados, que ya enfrentan un desplazamiento forzado.
Dulce Castillo
