Juan Granados, anteriormente regidor del Partido del Trabajo (PT) en Tarímbaro, Michoacán, ha vuelto a las filas de la política activa pese a estar rodeado de controversias. Granados, quien en 2018 fue arrestado por supuesta participación en el secuestro de un comerciante, cuyo destino sigue siendo un misterio, parece no haber sido marginado por su pasado judicial.
La detención de Granados se efectuó después de que investigaciones preliminares lo señalaran, junto a otros sospechosos, de estar implicados en la desaparición del comerciante el 16 de mayo de 2018. Aunque fue liberado posteriormente debido a fallos procesales, el caso sigue abierto y sin resolver, manteniendo en vilo a la familia del desaparecido y a la comunidad en general.
Sin embargo, esta situación no ha impedido que Granados se posicione como una figura clave en la estrategia del PT para las elecciones estatales en Hidalgo, a celebrarse el próximo 2 de junio. Su nombramiento como principal operador político ha despertado preocupación y críticas, tanto dentro como fuera del partido, cuestionando la decisión de confiar un papel tan influyente a alguien vinculado con actividades criminales no resueltas.
Las autoridades y la ciudadanía de Ixmiquilpan, zona donde Granados será particularmente activo, han sido instados a permanecer vigilantes y a denunciar cualquier irregularidad. Este llamado refleja la tensión y el descontento que subyace en la región respecto a la seguridad y la integridad de sus procesos electorales.
La reactivación de Granados en el escenario político suscita serias dudas sobre los criterios de selección y moralidad en el Partido del Trabajo, destacando la necesidad urgente de mayor transparencia y escrutinio en la designación de sus representantes y operadores políticos, especialmente en tiempos de elecciones cruciales para el futuro del estado.