Inician amparos “empresas fantasma” por cancelación de registros

A pesar de su suspensión debido a sus actividades como empresas ‘fantasma’, varias entidades iniciaron procesos legales de amparo en contra de la determinación de la Secretaría de Contraloría. Estas acciones buscan revertir la cancelación de sus registros y continuar operando, a pesar de las irregularidades en las que se encontraban involucradas.

Álvaro Bardales Ramírez, contralor de la entidad, informó que algunas de estas empresas ‘fantasma’ incluso intentaron sobornar a miembros del personal de la Contraloría para evitar la cancelación de sus registros. Estos esfuerzos por eludir las sanciones evidencian la profundidad de las prácticas fraudulentas en las que estas entidades están involucradas.

El funcionario explicó que actualmente están investigando a otras diez empresas que se encuentran inscritas en el Padrón de Proveedores y Contratistas de la administración pública de Hidalgo. La vigilancia y auditoría de estas entidades buscan erradicar la presencia de prácticas ilegales y proteger los recursos públicos de la entidad.

Hasta la fecha, un total de 92 empresas están dadas de baja del Padrón de Proveedores, siendo la mayoría suspendidas debido a la presentación de domicilios fiscales falsos, lo que las califica como empresas ‘fantasma’.

Sin embargo, esta cancelación no ha sido un proceso exento de conflictos legales. Bardales Ramírez señaló que en todos los casos se han interpuesto juicios en contra de la decisión de la Secretaría de Contraloría, ya que cada vez que se presenta una denuncia contra un presunto responsable, este recurre a recursos legales en un intento por evitar las sanciones correspondientes.

La lucha contra las empresas ‘fantasma’ y la corrupción en la administración pública es una prioridad para la Secretaría de Contraloría de Hidalgo. Estas acciones legales, sumadas a la revisión constante de registros y a la implementación de medidas de control más rigurosas, reflejan el compromiso de las autoridades en la lucha contra la malversación de fondos y la protección de los intereses de la población.

La batalla legal entre estas empresas y las autoridades continuará en los tribunales, mientras la sociedad y las instituciones trabajan conjuntamente para preservar la integridad del sistema y la transparencia en la gestión de recursos públicos.