Eduardo Sánchez
En un contundente golpe contra la corrupción, la Procuraduría de Hidalgo anunció hoy la captura del presidente municipal de Tula, M.H.B., quien está siendo vinculado con el escándalo conocido como “La Estafa Siniestra“. La dependencia informó que este arresto forma parte de un “maxiproceso” en curso para desarticular una red que habría operado para el desvío de dinero público.
El procurador en funciones, Santiago Nieto, declaró en rueda de prensa que se le investiga al detenida por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado y atribuciones agravado.
Según las investigaciones, se le acusa de haber autorizado en el año 2021, a nombre del ayuntamiento de Tula, la adjudicación directa ilícita de al menos tres contratos por un valor conjunto superior a los 60 millones de pesos.
Estos contratos, supuestamente destinados a la adquisición de servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, mantenimiento y limpieza de fumigación, así como el control mecánico del lirio acuático, estaban destinados a enfrentar las consecuencias de la inundación del Río Tula que afectó a la población. No obstante, las pruebas sugieren que se desvió dichos recursos de forma ilícita.
Se trasladará al imputado al penal de Pachuca de Soto, donde quedará a disposición de un juez de control. Se espera que en los próximos días se fije la fecha y hora de la audiencia inicial en la cual los agentes del Ministerio Público presentarán las imputaciones en su contra y solicitarán la vinculación a proceso.
Este caso ha sido el último capítulo en la denominada “Estafa Siniestra”, una trama de corrupción que involucra a un total de 18 personas. Entre los implicados se encuentran seis alcaldes vinculados a proceso, un alcalde prófugo, tres exsecretarios, un subsecretario y cuatro directores generales.
Entre los prófugos también figura el ex contralor del estado, César “N”, investigado por los delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado, todos relacionados con el desarrollo de este caso de corrupción.
Además, se emitieron tres órdenes de aprehensión contra empresarios presuntamente involucrados en la creación de empresas ficticias con el fin de desviar recursos públicos, mayormente provenientes de la Secretaría de Educación del estado. Dichos fondos se habrían justificado como gastos para hacer frente a las dificultades derivadas de la pandemia.
La sociedad hidalguense espera que este proceso judicial sea un paso firme en la lucha contra la corrupción y siente la esperanza de que se haga justicia ante estos presuntos actos de desvío de recursos públicos.
Jair Velazquez
