Erick Morales
La Contraloría, bajo la dirección de Álvaro Bardales, ha iniciado una serie de supervisiones para garantizar la transparencia en la administración de las placas vehiculares canceladas. Este proceso está diseñado para asegurar que todas las fases, desde la recolección hasta la destrucción de las placas, se realicen de manera eficiente y conforme a las normativas vigentes.
Durante los meses de mayo a junio, se revisaron 18,424 placas, y entre julio y agosto se inspeccionaron 17,749 más. Adicionalmente, se recolectaron 95 placas sobrantes y se recibieron 1,998 documentos digitales relacionados con bajas y actas del Ministerio Público por extravío.
La supervisión incluyó una revisión minuciosa del estado físico de las placas, su correcta inscripción y almacenamiento, y el cumplimiento de los procedimientos de recolección. También se realizó una comparación exhaustiva entre los registros documentales y el inventario físico de las placas.
Se inspeccionaron centros regionales en localidades como Tizayuca, Actopan, Huejutla de Reyes y Pachuca de Soto. Aunque la mayoría de los centros cumplieron adecuadamente con las normativas, se identificaron algunas observaciones menores relacionadas con la documentación y discrepancias menores entre los registros y el inventario. Estas observaciones fueron subsanadas en presencia del Órgano Interno de Control.
El proceso culminó con el traslado de 18,080 kilogramos de placas para su destrucción final, completando así un ciclo integral de gestión de recursos públicos. Las placas canceladas serán recicladas de manera eficiente, y los recursos obtenidos serán destinados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, contribuyendo así a beneficios sociales.
La Contraloría reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, buscando optimizar los procesos y garantizar la integridad en la gestión de bienes estatales.
Dulce Castillo
