Eduardo Sánchez
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) ha revelado una preocupante situación respecto a la seguridad en el estado. Según informes oficiales, 26 de los 84 municipios hidalguenses no forman parte del convenio de Mando Coordinado, un acuerdo crucial para la efectividad de las acciones policiales. Entre ellos se encuentra Tulancingo de Bravo, donde recientemente se registró un alarmante incidente que ha generado consternación en la comunidad.
El pasado martes 6 de febrero, dos motociclistas atacaron a una mujer en pleno centro de la ciudad de Tulancingo. El objetivo de los agresores era arrebatarle el dinero que acababa de retirar de un cajero automático. Este violento acto fue captado por cámaras de seguridad, dejando en evidencia la audacia y la impunidad con la que operan los delincuentes en la zona.
Este incidente ha sacudido a una comunidad que solía considerar a Tulancingo como un lugar seguro. Sin embargo, la realidad actual es diferente: desde la llegada del actual presidente municipal, el priista, Jorge Márquez Alvarado, la cifra de delitos denunciados ha aumentado en un alarmante 40%.
Este aumento de la incidencia delictiva incluye una variedad de delitos, desde robos hasta delitos sexuales y violencia doméstica. Muchos habitantes atribuyen esta situación a la renuencia del municipio a unirse al esquema de coordinación estatal, lo que ha generado una crisis de seguridad en la localidad.
La falta de participación en el Mando Coordinado ha dejado a Tulancingo en una situación delicada, con una creciente sensación de inseguridad entre sus habitantes. Ante esta realidad, se hace un llamado urgente a las autoridades municipales para que reconsideren su postura y busquen estrategias efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
Dulce Castillo
