El Gobierno del Estado de Hidalgo aclaró que la reciente actividad policial registrada en la planta cementera de Tula corresponde a un operativo oficial del Estado de México. La diligencia judicial se realizó para restituir la posesión de la planta a sus propietarios legales, desplazando al grupo de personas que mantenía la ocupación del inmueble desde hace meses.
La participación de las fuerzas de seguridad de Hidalgo se limitó estrictamente a labores de resguardo y vigilancia en la periferia de las instalaciones. El objetivo primordial de esta presencia fue asegurar que la dinámica del operativo mexiquense no impactara en la seguridad de los municipios hidalguenses, actuando bajo el protocolo de apoyo institucional pero sin involucramiento en la acción ejecutora.
Dentro de la planta, el personal del Estado de México dio cumplimiento a la instrucción del juez, enfrentando la resistencia de los grupos disidentes. Mientras tanto, las corporaciones de Hidalgo se enfocaron en el control de vialidades y el monitoreo preventivo para asegurar que los enfrentamientos entre particulares no salieran del recinto industrial.
Hasta el momento, las autoridades estatales reportan que la situación en Tula se encuentra bajo control, manteniendo el resguardo únicamente para preservar la tranquilidad de la población. La línea informativa oficial subraya que Hidalgo solo intervino para garantizar la paz pública, siendo el Estado de México el responsable directo del operativo y sus resultados.
