Miles de trabajadores de las plantas de La Cruz Azul en Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Puebla se manifestaron al inicio de esta semana para exigir que se “cumpla la ley en Hidalgo” y rechazar cualquier negociación con los ocupantes de la planta cementera en Tula de Allende. Esta protesta se produce tras el llamado del secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, a dialogar con el grupo que mantiene tomada la planta.
En un video difundido en las redes oficiales de la cooperativa, los trabajadores expresaron su firmeza en la lucha por recuperar las instalaciones de Ciudad Cooperativa. “No daremos ni un paso atrás”, afirmaron en el mensaje, respaldado por mantas y carteles colocados en las entradas de las distintas plantas de La Cruz Azul, con consignas como “No negociamos con delincuentes” y “Exigimos que se cumpla la ley”.
La Cruz Azul demanda que se cumplan las sentencias judiciales
Rafael Anzures, director jurídico de Cooperativa La Cruz Azul, reiteró en conferencia de prensa que los tribunales ya emitieron tres resoluciones definitivas en favor de la recuperación de la planta de Tula. Según Anzures, la única acción pendiente es que las autoridades de Hidalgo ejecuten las órdenes judiciales mediante el uso de la fuerza pública.
“No se pueden extralimitar haciendo propuestas graves, como la del secretario de Gobierno, de negociar con un grupo de delincuentes que tiene secuestrada una de nuestras unidades más importantes. Se debe cumplir la ley y ejecutar las sentencias que ya fueron notificadas”, enfatizó el directivo.
Protesta en múltiples plantas y exigencias claras
La movilización del fin de semana, organizada en las diversas sedes de la cooperativa, mostró un fuerte respaldo a la postura de Anzures. En carteles azul, rojo y blanco, los trabajadores expresaron su indignación y demanda de justicia. Además de las consignas, el mensaje fue claro: no habrá negociación con el grupo que ocupa la planta en Tula y solo se aceptará la devolución de las instalaciones conforme a la ley.
Esta situación ha incrementado las tensiones entre la cooperativa y la administración estatal, que buscaba promover el diálogo como medida para solucionar el conflicto. Sin embargo, el posicionamiento de los trabajadores y de la directiva refuerza su negativa a cualquier tipo de acuerdo fuera del marco legal, exigiendo una pronta respuesta de las autoridades para hacer valer las sentencias emitidas en favor de La Cruz Azul.