Jair Velazquez
Después de más de tres meses de desplazamiento forzado, las familias cristianas que fueron expulsadas de sus comunidades en Huejutla, Hidalgo, debido a un presunto conflicto religioso, están viendo avances en las negociaciones para resolver la situación. La directora de Asuntos Religiosos del gobierno estatal, Margarita Cabrera Román, ha informado que se han logrado progresos significativos en las mesas de diálogo para abordar este conflicto.
El Origen del Conflicto
El problema comenzó en abril pasado cuando 151 personas de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo se vieron obligadas a abandonar sus hogares. El desalojo se produjo después de que estas familias, de confesión cristiana, se negaran a participar en faenas comunitarias que incluían el mantenimiento de templos católicos. Las autoridades auxiliares locales impusieron multas a estas familias por no cumplir con las obligaciones comunitarias relacionadas con el culto católico. En respuesta, los cristianos también rechazaron pagar las multas, lo que llevó a su desplazamiento forzado y refugio en el auditorio de la localidad de Colalambre.
Avances en las Negociaciones
La directora de Asuntos Religiosos, Margarita Cabrera Román, ha destacado que desde el 29 de julio se iniciaron intensas negociaciones con las partes involucradas en el conflicto. Hasta la fecha, se han realizado 17 diálogos entre las partes, y se han registrado avances importantes. Cabrera Román señaló que estos diálogos han llevado la situación a un “punto crucial” de resolución.
Las comunidades cristianas, afectadas por el conflicto, ha mostrado su disposición a pagar las faenas comunitarias necesarias para su reincorporación. Aunque aún no se revelan detalles específicos sobre el monto o la modalidad de este pago, la voluntad de la comunidad cristiana de cumplir con las obligaciones es un paso crucial hacia la resolución del conflicto.
Por su parte, las autoridades auxiliares y los vecinos de las comunidades afectadas también han expresado su disposición a encontrar una solución. Se han mostrado abiertos a que las faenas se realicen de acuerdo a un plan de pago, lo que indica un posible acuerdo que podría incluir trabajo comunitario o pagos monetarios, aunque los detalles exactos aún no han sido especificados.
Perspectivas Futuras
El avance en las negociaciones es un paso positivo hacia la resolución de un conflicto que ha tenido un impacto significativo en la vida de las familias desplazadas. La reincorporación de estas familias a sus comunidades depende de la finalización de los acuerdos entre las partes involucradas y de la implementación efectiva de los compromisos alcanzados en las mesas de diálogo.
El gobierno estatal, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, continúa trabajando para mediar en el conflicto y asegurar una solución que permita la reintegración pacífica de las familias cristianas a sus hogares en Coamila y Rancho Nuevo. La comunidad y las autoridades locales esperan que este proceso lleve a una resolución duradera y a la restauración de la armonía en las comunidades afectadas.
Dulce Castillo
