En un periodo de cuatro años, desde 2018 hasta 2022, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha enfrentado serias acusaciones y auditorías que han puesto en evidencia irregularidades financieras por un monto total de mil 347.8 millones de pesos, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF ha detectado que, durante este periodo, la universidad no ha logrado justificar el uso adecuado de estos fondos, que incluyen desde pagos indebidos hasta la falta de documentación necesaria para comprobar los gastos realizados bajo diversos conceptos.
Desglose de las Irregularidades por Año:
2018: El año con mayores anomalías detectadas, donde 729.1 millones de pesos quedaron bajo la lupa de la ASF. La mayoría de estas observaciones, específicamente 646 millones de pesos, estuvieron relacionadas con la falta de documentación que respaldara los gastos reportados. Adicionalmente, se registraron 75.7 millones de pesos en remuneraciones indebidas y otros 4 millones en gastos que no cumplieron los objetivos propuestos. De este total, solo 4.1 millones fueron devueltos a la Tesorería, dejando un saldo pendiente de 681.6 millones de pesos sin justificar.
2019: Este año observó 482.8 millones de pesos en irregularidades. Un 95% de este monto se le atribuyó a remuneraciones no justificadas. El año también estuvo marcado por una intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la DEA, quienes investigaban a la universidad por supuesto lavado de dinero, incluyendo transferencias inusuales a cuentas en el extranjero por 151 millones de dólares.
2020 y 2021: Las cifras siguen siendo alarmantes con 380.1 millones y 278.4 millones observados respectivamente en cada año. Mientras que, en 2020, 337.7 millones fueron justificados, en 2021, pagos improcedentes o excesivos aún dejan un saldo de 183.3 millones por clarificar.
Implicaciones Legales y Repercusiones:
El escándalo ha alcanzado dimensiones legales con la fiscalía general de la República acusando al ex presidente del Patronato de la UAEH, Sosa Castelán, de blanquear más de 58 millones de pesos, supuestamente derivados de las arcas de la universidad. A pesar de que se le ha concedido arresto domiciliario por razones de salud, enfrenta una posible condena de 55 años de prisión.