La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó las reformas propuestas por el gobernador Julio Menchaca Salazar al Código Electoral de Hidalgo al inicio de su gestión. Estas reformas, diseñadas para optimizar el proceso comicial ordinario de 2024, fueron validadas en su mayoría por el máximo órgano jurídico del país.
De las nueve iniciativas político-electorales enviadas por el Congreso de Hidalgo a la SCJN, cinco decretos promovidos por Menchaca Salazar recibieron luz verde, destacando el respaldo a su labor de análisis técnico-jurídico y su compromiso con la transparencia electoral.
Entre las iniciativas validadas se encuentra la reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo sobre empate de elecciones, publicada el 7 de marzo de 2023. Asimismo, se destaca el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Hidalgo, presentado por el gobernador el 2 de diciembre de 2023 ante el Congreso del Estado.
Estas reformas reconfiguran el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, otorgando a los Consejos Distritales la responsabilidad de organizar las elecciones municipales, buscando especialización y evitando episodios de violencia política electoral ocurridos en el pasado.
Además, se validó la Notificación de actos de autoridad y la Expedición de la Ley Local de Revocación de Mandato, ambas alineadas con la normativa federal para brindar certeza al proceso electoral en puerta.
Como parte de la armonización del proceso electoral en Hidalgo, a partir de las elecciones de 2024, las alcaldías y diputaciones locales tendrán una duración de tres años, con derecho a reelección. Además, el cargo para la renovación del Poder Ejecutivo se extenderá a 6 años.
En un giro adicional, el Pleno de la SCJN invalidó los decretos 573 y 576, publicados el 22 de agosto de 2023, que reformaban diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo. La Corte determinó que estas disposiciones afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, exigiendo consultas previas después de las elecciones de 2024.
Estas iniciativas las promovieron los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Hidalgo. Con estas decisiones, la SCJN refuerza la importancia de considerar las voces de los grupos vulnerables en el diseño de la legislación electoral.